Este artículo fue traducido por Amanda Hernández. To read this story in English, click here.
A principios de la semana pasada, CASA de Maryland, un grupo latino de defensa, y los inquilinos de dos edificios de apartamentos en Langley Park presentaron una demanda federal acusando a los propietarios y gerentes de causar “daños significativos a la comunidad de Langley Park”, alegando la negligencia que resultó en condiciones antihigiénicas y peligrosas.
Los inquilinos viven en Bedford Station y Victoria Station, edificios en el Condado de Prince George administrados por ROSS Companies. Los demandantes afirman que el propietario del complejo ha descuidado hacer reparaciones a las unidades y de anteponer los beneficios.
“Por más de una década, hemos intentado hablar con los propietarios y gerentes de esta propiedad para trabajar juntos para mejorar las condiciones de la propiedad, y nuestras súplicas han continuado cayendo en oídos sordos. No queremos dueños de un tugurio en Langley Park”, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, en un comunicado.
La demanda presentada en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para Maryland enumera a Arbor Realty Trust Inc., un fideicomiso nacional de inversión inmobiliaria y prestamista con sede en Nueva York, sus subsidiarias y ROSS Companies como demandados. Ni Arbor Realty Trust ni ROSS Companies han respondido a las múltiples solicitudes para comentarios.
La infraestructura del complejo está fallando, según una declaración de CASA, lo cual ha provocado el colapso de los techos y la infestación de cucarachas, chinches, ratas y ratones en las paredes y unidades. La demanda también afirma que los refrigeradores, las estufas, las unidades de calefacción y aire acondicionado y las tomas de corriente también fallan, y algunas cocinas que gotean gas.
En las fotografías incluidas en la demanda, el moho cubre paredes y techos. Otras fotos muestran el alcance de las infestaciones por plagas y cómo las ventanas rotas son reparadas con madera contrachapada, puertas de madera reacondicionadas u otro material de construcción.
“El moho, los aparatos rotos y los ratones no son condiciones de vida aceptables para nadie y ciertamente no para nadie que vive en el Condado de Prince George”, dijo Deni Taveras, miembro del Consejo del Condado, en un comunicado. “Los residentes de Bedford y Victoria Station Apartments viven en condiciones habitables debido al grado de abandono y desinversión”.
Durante años, los inquilinos y los defensores locales en Langley Park han luchado por una vivienda equitativa y segura a través de quejas, huelgas de alquiler y demandas, argumentando que las condiciones de vida antihigiénicas y peligrosas pueden atribuirse a prácticas discriminatorias derivadas de las condiciones raciales y migratorias.
De los residentes de Langley Park, 84 por ciento son de origen latino o hispano y más del 61 por ciento son nacidos en el extranjero, con casi el 20 por ciento de la comunidad viviendo en la pobreza, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Los demandantes también afirman que la supuesta negativa del propietario a tratar los asuntos planteados por los inquilinos y los defensores locales de CASA se debe a motivos raciales ― alrededor del 85 por ciento de los inquilinos del complejo son hispanos o latinos y aproximadamente el 15 por ciento son negros. Ninguno de los residentes que viven actualmente en el complejo son blancos, según la demanda.
La demanda destaca una de las propiedades de Arbor, The Quarry en Alamo Heights en San Antonio. Este complejo multifamiliar de 306 unidades está situado en una zona de población mayoritariamente blanca y ha sido renovado y mantenido, según la demanda.
“Las disparidades en el mantenimiento y la inversión de capital entre las propiedades de Arbor no se pueden explicar por factores no raciales”, se lee en la demanda.
La demanda alega que Arbor Realty Trust compra complejos en áreas más pobres, que suelen tener mayores concentraciones de poblaciones minoritarias, y descuida el mantenimiento mientras aumenta los alquileres anualmente.
“Como empresa que cotiza en bolsa, Arbor necesita garantizar beneficios para sus accionistas. Pero, sobre todo, necesitan proporcionar hogares seguros a sus inquilinos”, dijo Joseph Donahue, uno de los abogados que representan a los inquilinos, en un comunicado.
Desde 2014, el complejo ha tenido más violaciones de código de edificación que las propiedades vecinas, señaló el comunicado.
Un informe de vivienda de 2019 llevado a cabo por varios investigadores de la Universidad de Maryland y por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de CASA encontró que entre los años 2014 y 2017 hubo un total de 3.023 violaciones de código en los edificios de apartamentos de Langley Park. Más del 70 por ciento de esas violaciones fueron emitidas en Bedford Station y Victoria Station.
Al momento de publicar el informe, las propiedades se enumeraban en la lista de propiedades en apuros, lo que significaba que los edificios se inspeccionaban con más frecuencia, lo que posiblemente implicaba un mayor número de violaciones, señaló el informe.
“Estoy demandando hoy porque he vivido en mi apartamento durante más de 10 años, y mi alquiler sigue aumentando — pero nunca arreglan nada que esté roto”, dijo Maria Lara, demandante y madre soltera que paga $1.613 en alquiler mensual, en un comunicado.
Lara está preocupada por la salud de su hija, ya que su apartamento está plagado de moho e insectos, junto con un sistema de HVAC para climatización de hogares, una cocina, un refrigerador y un horno defectuosos, según el comunicado.
“La pregunta que le hago al propietario es: ¿vivirían en estas terribles condiciones? ¿Creen que pueden salirse con la suya porque somos pobres, porque somos inmigrantes o porque no hablamos inglés?” dijo Lara en el comunicado.
La demanda explica que aunque algunos medios de comunicación han tenido éxito en identificar a los propietarios de las empresas, los propietarios han ignorado las solicitudes para comentarios. La demanda añade más aún que el uso por parte de Arbor de empresas de responsabilidad limitada como “compañías ficticias”, que actúan como medio para proteger u ocultar a el propietario, y su uso de ROSS como una empresa de gestión “hace increíblemente difícil que incluso los inquilinos sofisticados identifiquen a los propietarios de sus propiedades”.
“No queremos un dueño de propiedad fuera del estado que intencionalmente se despoja de nuestra comunidad debido a nuestro país de origen o al idioma que hablamos”, dijo Torres en un comunicado. “Exigimos dignidad”.
