Este artículo fue traducido por Bridget Collins desde un reportaje de Charlotte Kanner. To read this story in English, click here.

El Consejo del Condado de Prince George aprobó una ley el 19 de noviembre de 2024 que ajusta el salario mínimo del condado anualmente basado en las tasas de inflación nacionales.

La ley se adapta a la tasa del salario mínimo del condado basado en el Índice de Precios del Consumidor, una medida que sigue el cambio del precio promedio de bienes y servicios como la comida, la vivienda y el transporte, según el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos.

La ley entra en vigencia el primero de julio de 2025 y ajustará el salario mínimo anualmente basado en el aumento del porcentaje del índice de Precios del Consumidor en los 12 meses anteriores.

El condado aumentó el salario mínimo en 2017, pero no incluyó ningún ajuste para la inflación, según el reportaje del comité del condado para la temporada legislativa de 2024. Este enero, el salario mínimo del estado aumentó a 15 dólares la hora.

Los seguidores de la ley argumentan que es una etapa necesaria para proteger a los trabajadores de la inflación. Pero unos residentes del condado dijeron que la legislación tendría consecuencias imprevistas para los profesionales de apoyo directo, aquellos trabajadores que apoyan a personas con discapacidades. 

Por lo general, los proveedores de servicios en Maryland reciben la mayor parte de su financiamiento a través de las tasas de reembolso puestas por el estado. Éstas son basadas en el salario mínimo del estado, no del condado, según Robert Baynard, el presidente de la junta directiva del Consejo Proveedor de Prince George.

Esto quiere decir que si el salario mínimo del condado es más alto que el estatal, los proveedores tendrían que absorber los costos de salario aumentados sin recursos adicionales del estado, dijo Baynard.

Rob Malone, el Director Ejecutivo de The Arc Prince George’s County, una organización que apoya a las personas con discapacidades del desarrollo e intelectuales y a sus familias, dijo que esta ley podría resultar en menos recursos financieros para los profesionales de apoyo directo, que prestan apoyo y servicios a personas con discapacidades.

Muchos profesionales de apoyo directo son mujeres negras y clasificadas como trabajadoras de salario bajo a pesar de la exigencia de sus puestos de trabajo, dijo Malone. Él enfatizó que estas trabajadoras deben ser compensadas adecuadamente y urgió al consejo a modificar el proyecto de ley para cambiar esta disparidad.

“Esperamos que ustedes no retiren este carro del garaje sin ponerle frenos y nos aseguremos de que el proyecto de ley se ejecute correctamente”, dijo Malone.

Como Malone, Baynard dijo que la estructura actual de la ley podría llevar al límite a los proveedores de servicio.

Sin el financiamiento adicional del estado, Baynard enfatizó que las organizaciones como The Arc tendrían dificultades para absorber los costos aumentados y potencialmente podrían poner en peligro el cuidado de muchas personas. 

Lisa Shames, cuya hija vive en un hogar dirigido por The Arc, expresó temores sobre el impacto potencial de la ley sobre el cuidado para las personas con discapacidades. Ella recordó los desafíos enfrentados por The Arc durante la pandemia de covid-19 cuando los pacientes a menudo se enfrentaban a riesgos mortales cuando los hogares carecían de personal suficiente.

Shames se preocupaba constantemente por su hija y si recibía la dosis adecuada de sus medicaciones a la hora que los necesitaba, dijo ella. 

“Por favor no ayude a una comunidad si hay un riesgo de hacer daño a otra”, dijo Shames.

Jim Stockton, el padre de una hija adulta con discapacidades del desarrollo, también habló en la reunión y expresó sus preocupaciones sobre el impacto que la legislación propuesta tendrá en las organizaciones como The Arc.

A los profesionales de apoyo directo les pagan mal a pesar de servir un papel crucial en asegurar el bienestar de las personas con discapacidades, como su hija, dijo Stockton. Ella expresó sus preocupaciones de que aumentar el salario mínimo del condado sin ajustar las tasas de reembolso estatales, podría llevar a escaseces de personal cuando los profesionales de apoyo directo dejen sus puestos por otros empleos mejor remunerados.

Él urgió al consejo de modificar el proyecto de ley para asegurar que cualquier aumento del salario mínimo sea emparejado con financiamiento adecuado para los proveedores de servicios para asegurar que los individuos con discapacidades continúen recibiendo su cuidado necesario.

Pero otros oradores en la reunión del 19 de noviembre de 2024 abogaron por el proyecto de ley como un sustento para los trabajadores que luchan con los costos de vida crecientes.

Christopher Meyer, un analista de investigación del Centro de Maryland sobre la Política Económica, presentó datos para apoyar las ventajas potenciales de la ley durante la reunión del 19 de noviembre de 2024. Él dijo que atando el salario mínimo al costo de vida aumentaría los salarios de casi 44.000 trabajadores por más de $20 millones anuales.

Más de la mitad de los trabajadores del condado que experimentan la pobreza verían aumentos de salario, con cambios significativos para las mujeres y las personas de color, añadió Meyer.

La miembro del consejo del Distrito 7 Krystal Oriadha dijo que el salario mínimo necesita ser ajustado para el coste de vida elevado del Condado de Prince George y las luchas enfrentadas por muchos residentes para llegar a fin de mes. Pero ella reconoció también las preocupaciones destacadas por miembros de la comunidad.

“Es muy peligroso enfrentar a dos grupos necesitados entre ellos y hacer que este problema sea sobre los trabajadores de salario mínimo que sufren o que los individuos que apoyan a  nuestra comunidad de discapacitados sufran”, dijo Oriadha.